*Esta columna es propiedad de www.mediolleno.com.sv y debes compartir esta fuente en caso de compartirla.
En una empresa, si alguien no hace su trabajo como se lo exigen, lo despiden. En una institución pública debería de ser igual. Claro, en una empresa privada es más fácil medir eficiencia según el rubro. Algunos podrán hacerlo por medio de ventas, producción o alguna medida de desempeño. En un ente público es más complicado.
¿Cómo se mide la eficiencia de un empleado de una alcaldía? ¿Partidas de nacimiento entregadas por semana? ¿Y la de un diputado? ¿Mociones hechas por año? Es muy difícil medirlo, más que una medición cuantitativa, debe ser una cualitativa.
Existe otra diferencia: el fin de una empresa privada es crear riqueza, las instituciones públicas buscan crear bienestar social para su ‘patrono’ que seríamos todos los ciudadanos. Hablando específicamente de los diputados, así como nosotros los ‘contratamos’ y ‘despedimos’ (¿O lo hacemos?) por medio del voto deberíamos de tener las métricas o estándares necesarios para juzgar a cada uno dependiendo de su desempeño. Esto se llama ‘rendición de cuentas’.
Los diputados son, en teoría, los representantes del pueblo. Siguiendo la metáfora de la empresa, nosotros la población somos su jefe. El problema es que sus lealtades responden a quienes realmente los escogen, que son las cúpulas partidarias. Aquí yace la importancia que tiene una reforma electoral en la cual cada uno de nosotros sepa por quien votó.
Si yo sé por quién voté, voy a estar más vigilante de su ejercicio. Sé a quién debo castigar o premiar con mi voto de acuerdo con lo que a mí me parece o no. Dentro de un partido político hay muchos diputados, unos tienen un desempeño notable y hay otros que quizá le aportarían mayor valor al país si son nombrados patrimonio cultural, si continuamos votando con el mismo sistema con que votamos en el 2009, a quién premiamos o castigamos es al partido.
También tenemos otra gran deficiencia para tener una fiscalización efectiva del Salón Azul, no tenemos un acceso completo a las actividades que toman lugar dentro de la Asamblea.
Para empezar, no tenemos disponible la información completa de la preparación académica de cada diputado. Se puede encontrar la de algunos, la de otros no. Sería interesante hacer una análisis demográfico de ellos, y saber cuál es el nivel de escolaridad promedio, cuál es el porcentaje de graduados universitarios, y analizar todas estas cualidades y más por fracción partidaria.
No solo eso, los ciudadanos no tenemos acceso a saber cómo votó cada uno de los diputados en las distintas mociones y propuestas legislativas. Se puede saber con votos de cual fracción se aprobó, por ejemplo, el decreto 743, pero no cada voto con nombre y apellido.
Claro, ha habido avances. Ya podemos descargar documentos de temas que se trataron en sesiones plenarias y un canal de televisión donde podemos ver lo que pasa en las comisiones y plenarias. Todo esto es necesario, pero insuficiente como para llevar un récord efectivo.
Entonces, ¿cuál es el incentivo para velar por los intereses de sus representados? Quien por buenas intenciones trate de velar por ellos y no por los intereses sectoriales, muchas veces clientelistas, de los partidos políticos será tachado de ‘macho sin dueño’ y va para escalones más abajo en las listas cerrada en las próximas elecciones.
Si los diputados de verdad están haciendo un buen trabajo y ejercicio de sus cargos, ¿cuál es el problema de votar por personas? Por sus méritos serán recompensados, y los que no, serán justamente castigados por el pueblo -a quienes debidamente tuvieran que representar- y no por las cúpulas de sus partidos.
