*Esta nota fue originalmente publicada y editada en La Prensa Gráfica el 25 de Septiembre de 2011
Una hamburguesa con queso a la parrilla, papas, frijoles, ensalada, galletas y una bebida de uva. Esta fue la última comida de Troy Davis antes que fuera ejecutado por el Estado de Georgia en Estados Unidos. Troy Davis fue acusado de asesinar al policía Mark MacPhail en 1989. El tema ya se ha tocado en el país. Titular tras titular de noticias de violencia desesperan a cualquiera, y muchos se han pronunciado a favor de la pena de muerte como medida para combatir la ola de crimen en la que vivimos. ¿Puede una política de pena de muerte funcionar en El Salvador? Y si es así ¿Tiene el Estado el derecho de ultimar la vida de un ciudadano?
Tenemos un sistema judicial viciado y muy deficiente. En Estados Unidos, en los 34 Estados donde se aplica la pena de muerte por lo menos 138 casos han sido absueltos gracias a nuevas técnicas forenses y de balística. ¿Cuántos casos más pudieron haber sido absueltos de haber tenido estas nuevas técnicas antes?¿Cuantos casos inocentes serán culpados hoy por no tener técnicas del mañana?¿Será Troy Davis uno más? Si estos errores ocurren en un sistema judicial considerado maduro y eficiente como lo es el estadounidense ¿Qué garantiza que se hará un proceso efectivo en El Salvador? Me parece muy peligroso e irresponsable el dejar en las manos de nuestro sistema judicial la vida de los ciudadanos.
Si bien es cierto que una medida tan extrema como quitarle la vida a un delincuente puede resultar en que más de alguno se retraiga de delinquir, dudo que tenga un efecto a gran escala. Muchos dicen que situaciones extremas requieren medidas extremas. Ese ‘argumento’ es tan válido como decir que la solución a la obesidad es dejar de comer para siempre. Estos delincuentes se enfrentan día a día con la muerte, y este peligro aún más latente no viene del Estado, sino de pandilleros rivales. Si esta amenaza no les evita de delinquir, ¿Lo hará la pena de muerte?
Es más al peligro al que nos somete al resto de la población que los aparentes beneficios que podría traer; quedamos expuestos a que nuestra vida esté a merced de jueces que en numerosas ocasiones hemos visto pueden ser manejados por dinero, influencias y hasta el mismo crimen organizado. Las leyes no son perfectas, son falibles, como lo es su creador, el hombre. En otras condenas existe la posibilidad de corregir, y poner en libertad al acusado, pero la muerte es irreversible.
Causa frustración el saber que estos delincuentes son mantenidos por el dinero que pagamos en impuestos; es el precio que debemos de pagar por mantenerlos aislados de la sociedad. Esto no es tratarlos como víctimas, sino como humanos. Si bien un delincuente pudo terminar con la vida de una víctima, el Estado no debería rebajarse a cometer el mismo acto. El Estado protege vidas, no termina con ellas.
Una política de pena de muerte es una direccionada a la consecuencia del problema, no a la raíz, es como tapar el hoyo con una alfombra. Aún si nuestro sistema judicial estuviera muy por delante del estadounidense, como los de algunos países escandinavos, nunca debería tener el poder de acabar con la vida de una persona.
